RESUMEN DEL BORRADOR DE LEY DE DESCENTRALIZACIÓN

FOPRIDEH y otras organizaciones están incidiendo en la socialización del borrador de Ley de Descentralización Territorial para el Desarrollo, para lo cual ha realizado talleres en diversos departamentos del país con el objetivo de recibir las observaciones de la ciudadanía, como parte del Proyecto Facilitando el Marco Regulatorio para la Descentralización.

En esa misma línea de buscar la opinión ciudadana, se presenta a continuación un resumen del mencionado borrador (cuya versión integral se puede ver en el link “Marco Regulatorio/ Iniciativas de Ley”), con el doble propósito de darle difusión y de tener sugerencias por medio de este sitio web del Observatorio.

¡Sus aportes son importantes! Envíe sus puntos de vista, críticas o propuestas escribiendo en el espacio de abajo y dando clic a “publicar comentario”.

LEY DE DESCENTRALIZACIÓN

I. RESUMEN DE LOS CAPÍTULOS.

  1. En el primer capítulo se establece su naturaleza, objeto y finalidad; los objetivos de la misma; así como los principios y definiciones que servirán como herramientas para su correcta interpretación y aplicación.
  2. En el segundo capítulo se alinea la Descentralización Territorial para el Desarrollo con la Visión de País y se establecen como sus orientaciones estratégicas: la unidad del Estado; la subsidiaridad; la complementariedad y solidaridad en el ejercicio de la gestión pública; la reserva de interés público; y, la autodeterminación y desarrollo territorial equilibrado.
  3. El capítulo tercero es dedicado a organizar la estructura institucional para la Descentralización Territorial para el Desarrollo; definir la orientación de la descentralización; reconoce a la Comisión Ejecutiva para la Descentralización del Estado (CEDE) como órgano decisorio en esta materia, al Foro Nacional de Descentralización (FND) como instancia de diálogo y concertación y a la Secretaría de Estado del Interior y Población (SEIP) como organismo rector y enlace con los gobiernos municipales; le otorga al órgano rector sus respectivas atribuciones en esta materia; y obliga a todo el Gobierno Central a colaborar con dicha Secretaría, en la ejecución de la política. Además se define al municipio como único destinatario de la Descentralización Territorial para el Desarrollo y se establece el rol que juegan las mancomunidades en esta materia.
  4. En el capítulo cuarto se regula las competencias reservadas al Gobierno Central; incluyendo la obligatoriedad de la descentralización; la coordinación entre los dos niveles de gobierno; los sujetos beneficiarios de la descentralización y las causales para la intervención directa del Gobierno Central; las competencias compartidas de ambos gobiernos; lo relativo a los servicios públicos, así como las competencias exclusivas del gobierno municipal; establece además, las obligaciones del Gobierno Central; las obligaciones específicas de los gobiernos municipales; los derechos y obligaciones comunes del Gobierno Central con los gobiernos municipales, incluyendo el de promover la organización de la población, el de delegarles competencias a  las comunidades organizadas, fomentando modelos de autogestión y reconociéndoles el derecho de ejercer la auditoría social. Se instituye la obligatoriedad de cada nivel de gobierno  de contar con su respectivo consejo de desarrollo, como instancias de diálogo y concertación, en la que tienen participación la sociedad civil y la comunidad de cooperantes en la formulación de la planificación y el ordenamiento territorial.
  5. El capítulo quinto establece el enfoque estratégico de la Descentralización Territorial para el Desarrollo, sus lineamientos organizados alrededor de los respectivos ejes de la política;
  6. El capítulo sexto, dividido en secciones, regula el modelo de gestión que incluye la planificación para y de la descentralización y las estrategias para su consolidación; la forma y principios para su ejecución; y, los tipos de planes. En sección aparte se regula la presupuestación, su finalidad, formulación, asignación de recursos,  el sistema de transferencias nacionales incluyendo, las fiscales o intergubernamentales que se ha venido aplicando desde hace dos décadas y el sistema de transferencia para la descentralización de la inversión pública, el cual se fundamenta en los resultados obtenidos en la prestación de los servicios públicos transferidos, cuyos criterios de valoración son remitidos al reglamento respectivo; se reafirma la facultad de los dos niveles de gobierno para promover que la inversión privada y de la cooperación se oriente a las metas de los respectivos planes; regula en sub secciones, sus principios y requisitos así como el ciclo de descentralización y sus respectivas fases y procesos, esto es: gestión de competencias a descentralizar, gestión de capacidades para la transferencia de  competencias y la gestión descentralizada de competencias, todo organizado sobre la base de la oferta institucional y de la demanda proveniente de los gobiernos municipales y finalmente, los lineamientos relativos al monitoreo, supervisión y evaluación;
  7. El capítulo séptimo contiene las disposiciones transitorias, en las que  se prescriben disposiciones mínimas para asegurar la puesta en marcha de la Política y planes de Descentralización Territorial para el Desarrollo.

 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY. 

El presente proyecto se justifica por  entender que es la única forma de lograr los objetivos nacionales y las metas de prioridad nacional, relativas a la Descentralización Territorial del Estado, establecidas en la Visión de País, así como en la necesidad de resolver lo siguiente:

  1. Desarrollar la normativa constitucional programática sobre esta materia;
  2. Contar con una Política de Descentralización Territorial para el Desarrollo, debidamente normada y alineada con la Visión de País, en la que se institucionaliza la misma para garantizar la correspondencia entre la planificación y su respectiva ejecución (se revisará si se presenta política por separado).
  3. Acercar el gobierno al pueblo concediéndoles mayor autoridad y responsabilidad a los gobiernos municipales.
  4. Facilitar el acceso de la población a los servicios públicos, los cuales deben estar en consonancia con las necesidades y características de los(as) usuarios(as) del correspondiente territorio y la auditoría de los mismos.
  5. Producir reformas profundas a nivel del Gobierno Central simplificando su estructura institucional y normativa a la vez que se fortalece cualitativamente;
  6. Mejorar la calidad de los servicios públicos y la capacidad de autogestión municipal, mancomunitarias y comunitaria;
  7. Fortalecer el poder de decisión de los habitantes, comunidades y gobiernos municipales y sus respectivas mancomunidades para  la construcción de su propio destino y desarrollo.