Pacto por Honduras: ¿otro proyecto ilusorio?

Organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el verdadero desarrollo del país, han manifestado su preocupación por la falta de voluntad política demostrada por los funcionarios del gobierno, encargados de dirigir el proyecto Pacto por Honduras.

597106f07a53c1d5cb7a9980c4c166ec_LEn una carta enviada recientemente al asesor presidencial, Alden Rivera, más de medio centenar de organizaciones aglutinadas en coaliciones como Transformemos Honduras,  Grupo de Sociedad Civil, Alianza por la Paz y la Justicia, Proyecto Aldeas Global y Compasión Internacional, entre otras, pidieron al funcionario que al menos se respeten las convocatorias de dialogo.“Como organizaciones de sociedad civil comprometidas con el desarrollo democrático de nuestro país, que voluntariamente hemos decidido atender la invitación del Gobierno a participar en el diálogo del Pacto por Honduras, por este medio queremos expresar nuestra preocupación por el desarrollo de dicho proceso”, dice la misiva, contentiva de seis incisos demostrativos de la situación.
Informalidad en la convocatoria, falta de una metodología clara y coherente, carencia de una base clara y concreta sobre los temas y la falta de voluntad política manifestada por el mismo presidente Juan Orlando Hernández, forma parte de la inconformidad de las organizaciones civiles.
Para ellos, no se ha generado un verdadero diálogo ni se han abierto los espacios de participación propositivas que ayuden a construir la concertación desde la sociedad civil. “Lo que se ha dado es un proceso de presentaciones y reacciones sin llegar a la discusión precisa de acuerdos”, advierten, al ratificar que con estas acciones el gobierno ha provocado que las organizaciones se sientan manipuladas y pierdan interés en el proceso.

¿Para qué? si ya lo están haciendo

El coordinador del Grupo de Sociedad Civil (GSC), Omar Edgardo Rivera, ha ido más allá al señalar la existencia de un paralelo en la gestión del presidente Hernández. Sostuvo que el gobierno le apuesta por un lado a un gran pacto por Honduras, pero que en otro sentido toma decisiones unilateralmente.
“Entonces, ¿para qué ir a un pacto fiscal si las medidas tributarias y fiscales ya las tomaron? ¿Para que ir a un pacto social si ya le apostaron a un programa clientelista o paternalista en el marco de la iniciativa de Vida Mejor? ¿Para qué ir a un pacto de reforma institucional si ya reformaron la institucionalidad? Yo creo que el Pacto por Honduras dista mucho de ser vinculante, y lo que allí se va a tratar difícilmente se va a volver algo concreto, porque lo concreto ya lo están haciendo”, enfatizó Rivera.
El coordinador del GSC también ha expresado que con este proyecto el gobierno solo busca acariciar el tímpano de los hondureños, “o darles atol con el dedo, porque es un proceso que yo no identifico como exitoso”, reiteró.
Auguró, que los temas de máxima relevancia para el país no serán tratados en el marco del Pacto por Honduras. “La reforma constitucional, que busca garantizar la reelección presidencial, no va ser discutido allí, pero después nos van a salir con él. Todo lo que tiene que ver con la entrega de nuestros activos a través de las ciudades modelos, tampoco, pero lo van a ejecutar; todo lo que tiene que ver con la militarización del Estado, de eso no se habla, pero es un proyecto que avanza de manera vertiginosamente”, detallo Rivera.

Es una pérdida de tiempo

Un ex oficial de la Policía Nacional que en representación un conjunto de organizaciones de la sociedad civil participa en la mesa sectorial de seguridad ha manifestado a Revistazo que son varias las organizaciones de la sociedad civil que se integraron a trabajar en el tema. No obstante, es incierta la posibilidad de que sus propuestas sean vinculantes con las decisiones del gobierno.

 

“El coordinador de la mesa me dijo que eso se hacía solo para socializar el tema porque las decisiones ya las habían tomado”, dijo la fuente que prefirió mantenerse en el anonimato.

 

A pesar de la situación, aunó que seguirán trabajando para la elaboración de un documento ajustado a las necesidades y a la realidad del país. “Vamos a proponer un perfil que reúna los requisitos de aptitud, actitud, nivel de conocimientos, destrezas y habilidades que se requieren para pertenecer a la Policía Nacional y al Ejército Hondureño”, explicó.

 

Informó que también le propondrán al gobierno mejorar el programa educativo de la Policía a fin de corregir el nivel profesional de los agentes. Esta mesa sectorial también se propone que el gobierno establezca una Comisión de Censura para la clasificación o prohibición de películas, programas de televisión, libros, revistas y música, contrarias a las leyes, las buenas costumbres y la moral.
Entre tanto, una representante de Transformemos Honduras, organización de la sociedad civil que participa en las mesas sectoriales de educación y salud, ha dejado entrever la irresponsabilidad de los funcionarios públicos que evidenciando irrespeto por los demás se han limitado a la presentación de sus propuestas dejando a un lado las opiniones los representantes de la sociedad civil.
A su juicio, las únicas dos reuniones llevadas a cabo desde que se instaló la mesa sectorial de salud, en febrero pasado, han sido una pérdida de tiempo.

El Proyecto.

El 28 de enero pasado, un día después de su toma de posesión, el presidente Juan Orlando Hernández, instaló en el salón Morazán de la Casa Presidencial, las cinco mesas de diálogo y de consenso para llevar a la práctica el Pacto por Honduras, un proyecto ratificado por diversos sectores de la sociedad consientes de la necesitad de transformación que requiere el país.

 
Teóricamente, Pacto por Honduras está relacionado con decisiones que girarán en torno a temas de seguridad, desarrollo social, crecimiento económico, lucha contra la corrupción, transparencia, rendición de cuentas y modernización del Estado.

 
El proyecto señala que en un máximo de 90 días el gobierno y la sociedad civil contarían con los acuerdos suficientes para darle forma al contenido de un documento que les permitiera avanzar en la resolución de los problemas. No obstante, la falta de voluntad de los funcionarios para abrir espacios reales de participación, no han permitido la generación de los convenios que se requieres, aun cuando ya se ha vencido el plazo.